La
causa de que los españoles tengamos que pagar los mayores precios de la
electricidad (incluyendo el déficit de tarifa) no sólo de Europa sino de todo
el mundo desarrollado, los del gas y los de los productos petrolíferos antes de
impuestos, las mayores comisiones bancarias y los mayores tipo de interés, o el
mayor costo de las telecomunicaciones, está en una sola y única razón: la
connivencia entre la oligarquía política y la empresarial, que ha permitido y
permite a estos sectores esenciales:
–
Recibir a precios irrisorios los activos públicos existentes en dichos
sectores, pertenecientes al pueblo español. En concreto, en el 10% de su valor
real por término medio.
–
Sustituir los antiguos monopolios públicos con precios regulados por monopolios
privados con precios libres. Esto sería de cárcel en cualquier otro país y
también en España si la Justicia no estuviera a las órdenes de la oligarquía
política.
–
Implantar una legislación según la cual los errores de gestión cometidos por
estas grandes empresas, algunas de las cuales están entre las más ineficientes
del mundo, no los pagan ellas, sino los ciudadanos.
En
el caso del gas:
El
Sr. Felipe González,
quien, a cambio del apoyo de CiU a su último gobierno, entregó las
infraestructuras del transporte y la distribución públicas, así como un inmenso
fondo de comercio, a Gas
Natural por la décima parte de su valor. Un robo a los
españoles del orden de los 4.000 millones de euros actuales. Y lo que todavía
fue peor, se permitió a Gas Natural explotar en la práctica este mercado
en régimen de monopolio, algo contrario a las leyes y las prácticas de la
economía internacional.
Se dictó una ley en
virtud de la cual los dos grandes monopolios del sector –Enagás (responsable de
las grandes infraestructuras de transporte) y Gas Natural (principal
responsable de los aprovisionamientos y de la práctica totalidad de la
distribución)– tienen
garantizada una remuneración a todas sus inversiones con dinero
público equivalente al tipo de interés de los bonos del Estado a diez años más
150 puntos básicos. En el que estas empresas incluyen todas sus inversiones,
empezando por las más disparatadas. Esta garantía permitió a las monopolistas
Enagás y Gas Natural lanzarse a ampliaciones absurdas de capacidad que nos
llevan a una infrautilización
media de todo el sistema del 70%. Errores que no pagan ellos,
sino que este Gobierno les permite hacerlos recaer sobre los consumidores.
La situación monopolista del
sector gasista permite que el precio de compra del gas por los grandes
consumidores a los monopolistas sea
cuatro veces superior al
precio de referencia para ventas al por mayor en Estados Unidos, el
denominado US Henry Hub Gas Price Benchmark, y un 40% superior al que vende
Rusia a Europa en la frontera alemana.
Par
más INRI, el precio al consumidor sufre incrementos brutales al entrar en las
infraestructuras de transporte y distribución, en el que las que las
injerencias políticas –que han obligado a la construcción de instalaciones
totalmente innecesarias– y los errores de los gestores del sector –que este
Gobierno, hace recaer sobre los consumidores y no sobre las empresas que los
han cometido– están generando un nuevo déficit de tarifa que podría acabar como
el eléctrico y por las mismas razones.
Ejemplos del expolio gasista
Se han construido tal
cantidad de instalaciones de regasificación innecesarias que algunas están casi
vacías, y sólo se utilizan unos 15 o 20 días al año por parte de los traders internacionales,
para los cuales resultan un chollo increíble, mientras que los restantes 345 días los
pagamos los consumidores. Un ejemplo concreto es la planta
de regasificación de Sagunto, cuesta cien millones
de euros anuales y se usa sólo al 25%,
La planta regasificadora en
El Musel (Gijón), un proyecto insensato e innecesario, económicamente
disparatado e ilegal, porque no
cumplía el régimen de distancia a los núcleos de población, pero
el gobierno de Zapatero lo incluye en la Planificación Obligatoria, lo que
significa que los consumidores pagamos los 400 millones tirados por la
fregadera por una instalación inútil, y no los accionistas de Enagás.
El proyecto Castor, se
trata de un almacenamiento subterráneo en un campo petrolífero agotado en el
mar a 21 kilómetros de la costa. ACS compró dos tercios de
los derechos de dicho campo agotado por cuatro perras. De nuevo Zapatero
lo incluye como infraestructura en la Planificación Obligatoria. ACS se
convirtió no sólo en el principal accionista, sino también en el operador
exclusivo de los trabajos de acondicionamiento. Después de gastar 1.700 millones de
euros para su construcción, se empezó a inyectar gas,
comenzaron a producirse microseísmos en la costa de Tarragona y se paralizan su
utilización. Quién paga esos 1700 millones? Los consumidores en la tarifa del
gas a 10 o 20 años con intereses incluidos.
Mientras tanto Enagás acaba de nombrar de una sola tacada
a cinco altos cargos que fueron ministros del PP, que lo más que saben del gas
es encender un mechero –Isabel
Tocino, Hernández Mancha, Ana Palacio, Luis Valero y Gonzalo Solana (este
último es el inri: ¡un
expresidente del Tribunal de la Competencia en el consejo de un monopolio!)–, y
ello después de haber nombrado hace unos meses a un hijo de Marcelino Oreja,
también del PP, como consejero delegado.
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